España, Portugal e Italia referentes europeos en la adopción de la factura electrónica
La Directiva 2014/55/UE relativa a la facturación electrónica en la contratación pública entró en vigor en 2019 y obligó a todos los Estados Miembros de la Unión Europea a asumir el uso de la factura electrónica en todos los contratos públicos. Desde entonces su uso se ha generalizado y ha crecido exponencialmente.
La factura electrónica en España
En el caso español, una vez extendido su uso en el ámbito de las relaciones con las Instituciones Públicas, el gobierno quiere impulsar su uso como una medida para digitalizar, simplificar y agilizar las relaciones comerciales entre empresas y profesionales. Mediante la Ley Crea y Crece que entró en vigor en 2022, en España se pretende ampliar su aplicación práctica a todas las operaciones entre empresas (B2B). No obstante la obligatoriedad de uso entre las empresas depende de la publicación en el BOE del Reglamento de la Ley. Se espera su aprobación en el cuarto trimestre de 2023. Una vez aprobado el Reglamento, se contempla un plazo de implantación en empresas con más de 8 millones de facturación de 12 meses y 24 en el resto de las empresas.
El gobierno español quiere impulsar esta iniciativa como una medida para digitalizar, simplificar y agilizar las relaciones comerciales entre empresas y profesionales. Por este motivo, los objetivos que se persiguen con la implantación de la factura electrónica son los siguientes:
- Reducir costes de transacción
- Generar una mayor confianza en la relación cliente-proveedor
- Facilitar la interoperabilidad futura en el marco de la Unión Europea
- Reducir la morosidad
- Mejorar el control contable y la transparencia de las operaciones
Así, la factura electrónica deberá permitir controlar la fecha de emisión, la de pago y el periodo medio de abono a las empresas, y a su vez, que sirva de palanca para poder atajar de manera eficaz en la morosidad de las operaciones comerciales. Eso sí, los cambios que adopten los empresarios en su sistema de facturación deberán cumplir una serie de exigencias técnicas y requisitos mínimos donde las empresas y profesionales habrán de compartir un mismo lenguaje informático con la Agencia Tributaria.
Hasta la fecha, las empresas con una cifra de negocio superior a 6 millones de euros anuales ya habían tenido que digitalizar parte del flujo informativo de facturación con Hacienda al adoptar, “el suministro inmediato de información del IVA (SII)”, mientras que la facturación electrónica integral ya era exigible en los contratos con administraciones públicas. Ahora esta obligación se va a extender a todas las operaciones entre empresas y profesionales en un plazo máximo de dos años.
Factura electrónica en Portugal
Igualmente, con la finalidad de impulsar la factura electrónica en Portugal, la Agencia Tributaria e Aduaneira puso en marcha, en mayo de 2019, el programa Simplex+, cuyo objetivo era facilitar la creación de nuevos servicios públicos en línea, optimizar los existentes y desburocratizar la relación entre las instituciones públicas y la sociedad civil.
Desde 2019 las empresas portuguesas cuyo volumen de negocio en el año anterior hubieran superado los 50.000€ se vieron obligadas a implantar la Factura Electrónica. Además, a partir de enero de 2020 todas las compañías del país luso con más de 250 empleados están obligadas a utilizar la factura electrónica en sus relaciones comerciales. En esta misma fecha también se han sumado a la factura electrónica los organismos públicos regionales y locales. De esta forma, todas las administraciones públicas portuguesas están operando con facturas electrónicas. No es menos cierto, que la implantación total de la facturación electrónica en el ámbito B2G solamente se ha logrado en 2023.
Factura electrónica en Italia
Italia ha sido uno de los países europeos que más fuertemente ha apostado por la implantación de la factura electrónica y su uso obligatorio entre empresas y Administraciones Públicas. Ya en 2019 extendió la obligatoriedad en el ámbito B2B, siendo el primer país de la UE que extendió su uso a las operaciones entre empresas privadas. La implementación de la facturación electrónica entre empresas ha tenido un éxito rotundo. Además también se ha extendido su implementación también a las operaciones entre empresas y particulares. Solamente en el primer año de su entrada en vigor se intercambiaron más de 2.000 millones de facturas a través del Sistema de Intercambio, la plataforma de facturación electrónica impulsada por el gobierno italiano.
Italia ha mantenido un ritmo de evolución constante en la mejora de su sistema de control de transacciones para cerrar las brechas en el cumplimiento del IVA.
Recientemente Italia ha ampliado el alcance de la factura electrónica incorporando a la obligatoriedad a grupos de contribuyentes que adopten un régimen fiscal a tanto alzado (régimen forfettario), asociaciones deportivas de aficionados y entidades del tercer sector de ingresos hasta 65.000€
Cada país está introduciendo la factura electrónica de distintos modos, pero todos tienen objetivos comunes: digitalizar, simplificar y agilizar las relaciones comerciales entre empresas y profesionales. Desde luego, vista la gran aceptación inicial, el futuro de la factura dentro del marco de la Unión Europea se antoja excelente.
