En un comunicado, el Sindicato de Técnicos dle Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que el fraude fiscal en los últimos años, antes de la pandemia, provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones € anuales, de los cuales 60.600 millones son impuestos evadidos y 31.000 millones son cuotas defraudadas a la Seguridad Social.

Para revertir esta tendencia, los técnicos de Hacienda pedirán a los grupos parlamentarios las siguientes medidas dentro de los debates sobre el proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal:

  1. Aumentar en un año el plazo de prescripción tributaria hasta los 5 años con carácter general
  2. Y excepcionalmente hasta los 10 años cuando existan indicios de presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública
  3. Rebajar el límite de 2.500 € en los pagos en efectivo de particulares a empresarios hasta los 1.000 €
  4. El mismo que para pagos entre profesionales y empresarios, para incentivar que se declaren los pagos que los consumidores finales realizan a las pymes
  5. Unificar los umbrales de los delitos contra la Hacienda Pública al de los otros delitos fiscales contra la Seguridad Social o contra los presupuestos generales de la Unión Europea, situándolos en fraudes superiores a 50.000 €, o 120.000 € en los delitos agravados
  6. Encargar a expertos independientes la realización de estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España

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