Las empresas de más de 50 trabajadores deberán implantar un sistema de información interno para la notificación de posibles infracciones.
Con la entrada en vigor el pasado 20 de febrero de la Ley 2/2023 que regula la protección de las personas dentro que informen de posibles infracciones normativas, las empresas de más de 50 trabajadores se verán obligadas a implantar un sistema interno de información de infracciones que garantice la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de aquellas personas que las notifiquen.
La nueva Ley es una trasposición de la Directiva Comunitaria 1937/2019, conocida como Directiva «Whistleblowing» relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la nueva Ley 2/2023?
La Ley protege todas aquellas informaciones y comunicaciones sobre posibles infracciones de derecho comunitario, así como infracciones penales y administrativas. La Ley prevé que toda comunicación ha de ser realizada con buena fe y deben existir razones correctamente motivadas.
Del mismo modo quedan protegidas todas aquellos trabajadores, autónomos, accionistas, miembros del órgano de dirección de la empresa o proveedores, así como personas jurídicas para las que el informante trabaje o tenga algún tipo de relación laboral.
¿En qué consiste el Sistema interno de información de infracciones?
Las empresas de más de 249 empleados disponen de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para implantar las medidas. Las empresas entre 50 y 249 trabajadores dispondrán hasta el 1 de diciembre para el cumplimiento de las medidas previstas en la ley.
Los canales de información previstos son tres:
- Un canal interno al que la empresa deberá dar la publicidad adecuada y que deberá contar con un directivo como responsable
- Un canal externo a través de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI) regulada en la Ley que adoptará todas las medidas de protección al informante y tendrá capacidad sancionadora.
- Revelación pública a través de medios de comunicación o redes sociales
¿Qué régimen sancionador prevé la Ley del Informante?
Se contemplan sanciones de 1.001€ hasta 300.000€ para personas físicas en función de la gravedad de la infracción y de entre 100.000€ y un millón en el caso de personas jurídicas.
La transposición de esta Ley es una buena noticia ya que protege al denunciante pero, en un contexto de hiperregulación laboral coloca a las empresas en una difícil posición para el cumplimiento de sus obligaciones legales. A este respecto vale la pena recordar que entre otras medidas, todas las empresas de más de 50 empleados tienen también la obligación de disponer de un Plan de Igualdad en 2023.
A este respecto el tejido empresarial debe establecer programas internos de compliance laboral que minimice los riesgos y reduzca posibles litigios.
Si tienes dudas en cómo implementarla o quieres ampliar la información de cómo te afecta no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo jurídico.